Por: Gloria Cajavilca

Para la segunda década del siglo XXI muchos países tiene planes y agendas digitales que incluyen avances para que la población tenga un mayor acceso al servicio de Internet por banda ancha.

Un caso importante es el de Finlandia que el 1º de julio de 2010, se convirtió en el primer país en el mundo en elevar el acceso a Internet de banda ancha a un derecho constitucional, con el objetivo jurídico de garantizar a cada ciudadano por lo menos 1 Mbps (Megabyte por Segundo).

Si bien Finlandia es el país pionero en catalogar el acceso a Internet como derecho fundamental, organizaciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones-UIT (organismo especializado de la ONU), mediante su Secretario General en septiembre del año 2010, instó a los líderes mundiales a asegurar el acceso a redes de banda ancha para el año 2015. Propuso además que el acceso a redes de alta velocidad sea "un derecho civil básico".

Países como el Reino Unido, Estados Unidos y España, han buscado formas novedosas de incentivar el uso de esta red mundial de información: 

Si bien en Europa y Estado Unidos se están generando interesantes propuestas para crecer en alcance y número de usuarios de Internet, en Latinoamérica también se han dado pasos importantes, uno de los más recientes es la reunión entre Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, con su homologa de Argentina Cristina Fernández, en enero de este año con la finalidad de constituir acuerdos bilaterales, que enmarcan un plan de acción para ejecutar los proyectos de cooperación bilateral, con el objetivo de ampliar el acceso a Internet de banda ancha para el año 2015 en ambos países y profundizar medidas para la mejora de la calidad de la conexión y la expansión del servicio a las áreas con recursos económicos.

En contraposición a los logros de muchas naciones en optimizar el servicio, las noticias internacionales resientes se han centrado en los procesos y medidas de restricción a contenidos en Internet, implementados en algunos países, como: Egipto, Túnez e Irán; sin embargo, la tendencia general apunta al crecimiento en la penetración de conexión a Internet de banda ancha, toda vez que este tema se ha convertido en prioridad en los planes de desarrollo y en las agendas digitales de los países, lo cual nos invita a observar las posibilidades de que este acceso sea incluido en las normativas internas y avance hasta constituirse en un derecho equiparable al derecho de información de los ciudadanos