El pasado lunes 22 de septiembre, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, oficializó el nombramiento del australiano Francis Gurry, como nuevo Director General de este organismo especializado de las Naciones Unidas, quien había sido candidatizado para ocupar ese lugar en el mes de mayo de este año, por parte del Comité de Coordinación de la OMPI .  

Dentro de los apartes del discurso de aceptación dado por Gurry, se hicieron importantes referencias a la situación actual de la propiedad intelectual en el mundo y, particularmente,  al desafío que enfrenta el derecho de autor frente a los avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

En ese sentido, Gurry señaló que “La evolución que han experimentado la tecnología, la economía y la sociedad internacional en los últimos años plantea desafíos fundamentales para esta Organización.  El más fundamental de todos es, quizá, la marcada atención de la que está siendo objeto la propiedad intelectual”.

Con relación a los desafíos que enfrenta el derecho de autor en siglo XXI, el nuevo director resaltó que “El modelo del siglo XX de retribuir a los creadores, artistas intérpretes y ejecutantes y a sus asociados comerciales, basado en la distribución de objetos físicos en los que están plasmadas las obras, corre ahora un peligro extremo a raíz de la convergencia de, por un lado, la tecnología digital, y, por otro, el poder de distribución de Internet.  Esto puede tener repercusiones nefastas para los países en desarrollo, donde los creadores y los artistas intérpretes y ejecutantes no tienen el mismo nivel de acceso a Internet, ni a altas velocidades de transmisión ni a soluciones alternativas para obtener una retribución económica como sus pares de los países desarrollados”.

Más adelante, cuando se refirió al necesario equilibrio que debe existir entre los creadores, por una parte, y la sociedad en general, por la otra, Gurry puso de relieve que no se trata de un debate fácil y que “en cada país hay más consumidores que creadores y artistas, por lo que la gestión política del debate no es nada fácil.  Esta característica de la política interna de cada país, así como la naturaleza mundial del intercambio de ficheros por Internet, sugiere que quizá sea más adecuado mantener el debate en el plano internacional antes que en un ámbito nacional.  El Convenio de Berna, uno de los orígenes de la OMPI, fue concertado en el siglo XIX como resultado de la preocupación que sentían los autores respecto de la incidencia que podía tener el movimiento internacional de sus obras tangibles.  A mi juicio, la OMPI sigue siendo el foro idóneo para mantener, en el siglo XXI, el debate acerca de la misma cuestión que ahora luce un ropaje tecnológico diferente”.

Así mismo, hizo una referencia directa al fenómeno generalizado de la descarga de archivos de Internet, que contienen obras musicales y audiovisuales protegidas por el derecho de autor, como un desafío que se plantea directamente para promover el respeto por la propiedad intelectual.

Al referirse al recientemente creado Programa para el Desarrollo, expresó que se trata, ante todo, “de saber cómo puede contribuir la propiedad intelectual a reducir la brecha del conocimiento y a que los países en desarrollo y los menos adelantados participen más de los beneficios de la innovación y la creatividad en la economía del conocimiento.  Las diferencias que existen son muy conocidas por todos, pero se nos hace un nudo en la garganta enterarnos que un cierto número de empresas gasta más por año, cada una, en generar nuevos conocimientos que lo que gasta la mayoría de los países del África subsahariana en cubrir todas sus necesidades en todas las áreas de gobierno, como la educación, la salud, la infraestructura, etcétera.”

Finalmente, muy en consonancia con el propósito que se tuvo al momento de crear el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor – ODAI, Francis Gurry anunció la creación de una dependencia al interior de la Secretaría de la OMPI, cuya misión será la de “(…) elaborar estudios económicos y confeccionar estadísticas a fin de que los Estados miembros dispongan de una base empírica sólida (…)”, así como “(…) producir estudios que respalden y fundamenten los procesos iniciados por los Estados miembros, prever los elementos que tendrán una incidencia sobre el mundo de la propiedad intelectual, y dotar a los administradores de los medios necesarios para anticipar los acontecimientos estratégicos que puedan darse en el futuro y tener repercusiones en la Organización.”

Fuente: OMPI