El Parlamento Europeo ha cambiado drásticamente su posición frente al corte de Internet que se había previsto para quienes acceden ilegalmente a contenidos protegidos por el derecho de autor. Al contrario de lo que había defendido el pasado mes de mayo, la autoridad legislativa alcanzó este mes un acuerdo con el Consejo de Ministros a partir del cual le da libertad a los Estados para regular las restricciones a Internet sin necesidad de una orden judicial.

 

La decisión se tomó con la salvedad de que los usuarios tendrán las garantías de obtener una revisión judicial oportuna, se respetará el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. El llamado “Paquete Telecom” debe ser ratificado por la Eurocámara y por los ministros de Telecomunicaciones antes de que finalice noviembre, y a partir de allí, los países de la UE tendrán 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

En este paquete se incluyen también derechos para los consumidores, como una prohibición expresa contra las empresas que obliguen a la suscripción de contratos superiores a dos años de duración o a la obligación de las operadores de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono. Los contratos deberán informar sobre la naturaleza de los servicios que se prestarán, las técnicas de gestión del tráfico y su impacto en la calidad del servicio e información sobre el ancho de banda o la velocidad de conexión.

Los operadores (ISP) no sólo trabajarían en función de evitar las descargas ilegales, sino que también deberán luchar contra los virus y el «spam» y notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.

Este paquete concede poderes a los entes reguladores nacionales para que puedan controlar a los operadores, exijan mejoras en los departamentos de servicios, intervengan en casos de violaciones de las normas de competencia y fijen niveles mínimos de calidad para los servicios de transmisiones en Internet.

También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales, de carácter meramente consultivo.

A continuación les presentamos apartes del texto aprobado que, en caso de tener visto bueno del Consejo de Ministros, estarán incluidos en la  Directiva 0247 de 2007:

 "Las medidas tomadas por los Estados Miembros en relación al acceso a o al uso de servicios y aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios deberá respetar los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, como garantiza la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales así como los principios generales de la ley comunitaria".

 "Cualesquiera de estas medidas relativas al acceso a o al uso de servicios y aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios responsables de restringir aquellos derechos o libertades fundamentales sólo pueden ser impuestas si son apropiadas, proporcionadas y necesarias dentro de una sociedad democrática, y su implementación deberá estar sujeta a las adecuadas salvaguardas procedimentales de conformidad con la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales así como con los principios generales de la ley comunitaria, incluyendo la tutela judicial efectiva.

Por consiguiente, esas medidas sólo pueden ser tomadas con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad. Un procedimiento previo justo e imparcial deberá ser garantizado, incluido el derecho a ser oído de la persona o personas afectadas, sujeto a la necesidad de las condiciones y acuerdos procedimentales apropiados en casos de urgencia debidamente probados de conformidad con la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales"