El pasado lunes 9 de marzo, el Ministerio de Economía de Francia informó que la adopción del sistema que permitirá informarles a los usuarios de Internet sobre sus conductas de acceso ilegal a material protegido por el derecho de autor, costará 70 millones de euros.  

Esta misma semana, en España los Proveedores de Servicios de Internet (ISP), por sus siglas en inglés, advirtieron que para poner en marcha un sistema de avisos contra las descargas masivas similar al francés, se requerirán más de 100 millones de euros al año. Un monto superior en relación al previsto en el vecino país, si se considera que el número de descargas ilegales en la península ibérica es superior, pues España es uno de los países de la región más activos en descargas P2P.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura francés calcula que una vez se adopte la medida cerca de 10.000 internautas recibirán mensajes de advertencia. Una cifra que sería inferior al promedio de descargas diarias de 440.000, estimada por la sociedad de gestión de productores de ese país, SACEM.

Incluso, en una reciente encuesta realizada entre el pasado 27 de febrero y el 2 de marzo, para proyectar el impacto que tendrá la medida, la compañía TNS Sofres-Logica encontró que el 29% de los usuarios franceses se han descargado ilegalmente obras protegidas. Un 27% accediendo a producciones musicales, un 19% a películas, un 8% a series de televisión y un 8% a videojuegos. Siendo los jóvenes de 18 a 24 años los que más cometen infracciones en la red, con un porcentaje del 57%.

Otro de los temas claves para la protección de los derechos patrimoniales de los autores intérpretes y ejecutantes en Internet, es la definición de la institución encargada de detectar las irregularidades, informarle al usuario sobre el registro y establecer la sanción. Pues tal como está en la propuesta de Ley Creación e Internet, Francia crearía una Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet, denominada Hadopi, que recibiría los informes sobre infracciones y tramitaría los avisos por correo electrónico y postal, así como gestionaría las sanciones.

En España, los ISP agrupados bajo la asociación Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) y responsable del 90% de las conexiones, le apuntan a la consolidación de un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia para el manejo de dicha información