Tras una petición del Tribunal Supremo español que le pidió al Tribunal de Justicia Europeo pronunciarse sobre el decreto que exige a los operadores de televisión destinar al cine un 5% de sus ingresos brutos anuales y su compatibilidad con la Directiva de 'Televisión sin Fronteras', el Tribunal de la Unión se pronunció el pasado 5 de marzo para ratificar que un Estado miembro "puede obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación de películas cinematográficas y de televisión europeas", según lo comenta el auto publicado por esa institución.

En ese mismo texto, el Tribunal recuerda que los Estados miembros "están facultados para prever normas más estrictas o más detalladas que las contenidas en la directiva", siempre que respeten las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

Ante la publicación del fallo el ministro de Cultura de España, César Antonio Molina, considero que la medida "Es algo conveniente y va en favor de la Ley del Cine", así como ayuda a la difusión de la industria de la cultura y el cine.

Igualmente, el Tribunal contempla que el apoyo a la producción en lenguas oficiales es fundamental para promover el multilingüismo, respaldando así la normativa española a partir de la cual se establece que del 5% de los recursos destinados al cine por esta vía, un 60% estén orientados a la producción de obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas oficiales de España.

En la misma línea de promoción de las producciones cinematográficas en lenguas como el catalán, el Conseller de Cultura de Cataluña está promoviendo una Ley de Cine que establece la obligación de distribuir el mismo número de copias dobladas al catalán que al castellano. El objetivo es garantizar el derecho de ver cine en las dos lenguas oficiales y fomentar la distribución y exhibición del mismo en versión original subtitulada.

En el caso que los distribuidores opten por el doblaje, estarían obligados a equilibrar las copias en catalán, al amparo del artículo 28.3 de la Ley de política lingüística de 1998 vigente en España. Hay que considerar que la decisión se implantaría paulatinamente, para que durante el primer año el 30% de la oferta sea en catalán y en el segundo, del 40%.

La propuesta es promovida porque, según lo registró el periódico La Vanguardia, el Consejero de Cultura de esta Comunidad Autónoma, Joan Manuel Tresserras, el actual desequilibrio de la oferta representa un 'déficit democrático', favorecido por un mercado 'bloqueado' por las divisiones españolas de las grandes distribuidoras, como Warner Bros, Hispano Fox Film, Universal Pictures, The Walt Disney Company o Sony Pictures