La llamada Ley Hadopi 2 será analizada por la Asamblea en pleno próximamente. Es la segunda vez que la iniciativa promovida por el gobierno galo llega al legislativo para buscar que se reglamente un control eficaz a la piratería de contenidos protegidos por los derechos de autor que se presenta a través de las descargas de Internet.   

En esta ocasión se ha vuelto a desatar una fuerte controversia sobre el texto del proyecto, ya que algunos representantes de la oposición interpretaron que las medidas antipiratería podrían dar paso al control de los correos electrónicos. Entre ellos, Lionel Tardy, diputado del partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP), había señalado que "en su versión actual, el texto abre la puerta al espionaje de e-mails, lo que sería una violación del secreto de la correspondencia privada".

Una polémica que ha resultado infructuosa para tratar de resquebrajar el proyecto de Ley, porque el 16 de julio la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional ha aclarado explícitamente ante los medios de comunicación que ni la autoridad francesa ni la justicia de ese país investigarán los correos electrónicos.  

La primera propuesta de Ley Hadopi, como lo informó ODAI, fue rechazada el pasado 10 de junio cuando el Consejo Constitucional francés consideró en su La sentencia Constitucional que el texto infringía el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, referente a la libertad de comunicación y expresión y, violaba el artículo 9 de la Carta Política francesa, al ir en contra del sistema de presunción de inocencia, pues no necesariamente quien efectúa una descarga ilegal es el dueño del equipo utilizado.

Unos días antes de conocerse la negativa del tribunal galo, el Parlamento Europeo había rechazado el corte de Internet como mecanismo para controlar la piratería y enfatizado que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales deben efectuarse mediante una resolución previa de las autoridades judiciales.

Sin embargo, el Eliseo ha vuelto a insistir con la presentación del nuevo haciendo los ajustes precisos para que la protección de los derechos de los creadores se concilie con el derecho al acceso. No está de más recordar que este tema ha sido una bandera del gobierno de Nicolás Sarkozy desde octubre de 2007, a tal punto que en un momento histórico como lo fue su discurso del 22 de junio ante el Parlamento reunido en Versalles, ya que fue el primer Presidente en hacerlo desde 1848, manifestó:

De aprobarse finalmente la Ley el 21 de julio, la multa para aquellos que efectúen descargas de contenidos protegidos podría ser entre los 1.500 y 3.000 euros. Y, los jueces serían los responsables de decidir sobre la desconexión de Internet a los usuarios que no hagan caso a las advertencias y vuelvan a descargar música, vídeos o películas en redes como eMule o BitTorrent