El pasado 29 de enero, mediante el documento Consulta sobre las opciones legislativas para hacer frente a ilícitos Peer-to-Peer (P2P) para compartir archivos, el gobierno británico reconoció que su propuesta no obtuvo un amplio apoyo de los titulares de derechos, los consumidores y proveedores de servicios de Internet.

La consulta estableció diferentes enfoques para reducir significativamente el P2P e impulsó la Recomendación 39 Gowers Review of Intellectual Property1 que abordó la cuestión de la utilización ilícita de la tecnología P2P para compartir archivos ilegalmente material protegido. El mismo 29 de enero, el gobierno dio a conocer el informe Digital Britain que  busca hacer un plan para garantizar que el Reino Unido vaya a la vanguardia de la economía digital mundial.

En este documento de trabajo se incluyeron recomendaciones sobre las redes de la próxima generación; el acceso universal a la banda ancha; la creación de un segundo proveedor del servicio público; la modernización de las explotaciones del espectro de radio inalámbrica; el futuro digital para la radio; el trato para los derechos de contenidos digitales y la distribución digital de los servicios públicos. El informe final se presentará el próximo mes de junio.

Adicionalmente, el gobierno señaló su intención de exigir a los ISP que le notifiquen los presuntos infractores, así como de recoger los datos de los infractores reincidentes, excluyendo la opción de desconectar del servicio de Internet a los mismos, como lo hace la propuesta francesa.

País que bajo el liderazgo del Presidente francés Nicolas Sarkozy, tal como lo había informado ODAI, busca dar una “respuesta graduada” a través de la cual  los Proveedores de Internet le darían a los supuestos infractores de los derechos de autor dos avisos antes de dar por terminada su suscripción a Internet.

Otros gobiernos vienen trabajando en la misma vía. En diciembre del año pasado, el gobierno australiano publicó el documento Digital Economy Future Directions, Consultation Paper, que recoge los resultados de las consultas realizadas durante tres talleres y un foro sobre la materia, convocados por el Ministerio de Banda Ancha, Comunicaciones y Economía Digital. La idea es continuar trabajado en el texto durante el primer semestre de este año para preparar un informe final cuyo objetivo será guiar las políticas públicas impulsadas por dicha cartera.  
 
En otros espacios, el tema también se ha vuelto crucial. Por ejemplo, durante la pasada reunión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se ocupó de los retos del acceso a los contenidos digitales y lo continuará haciendo en su próxima reunión del mes de mayo. Igualmente, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), a través del Grupo de Trabajo VI, debatirá los intereses de la seguridad en materia de propiedad intelectual a finales de abril