La semana pasada, tras un informe que trata sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet, el Parlamento Europeo rechazó la posibilidad de que los gobiernos de la Unión puedan denegar el acceso a Internet, como mecanismo para controlar la piratería que se presenta a través de las descargas de contenidos protegidos por los derechos de autor.

La medida se da en medio de un amplio debate en el cual países como Francia están proponiendo el corte del servicio de Internet, cuando se compruebe que los usuarios reinciden en las infracciones; otros como Inglaterra exploran la fijación de una tasa anual para las conexiones como forma de compensación, o están en proceso de definir soluciones acordes a sus particularidades, como son el caso español, el italiano y el irlandés. Todos referenciados por el Observatorio.

Precisamente a raíz de la diversidad de opciones el Parlamento decidió pronunciarse sobre el tema y con una votación de 481 votos a favor, 25 en contra y 21 abstenciones consideró pertinente el informe presentado por el griego Stavros Lambrindis.

De esta forma, el Legislativo de la Unión solicita que se evite “recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones”, puesto que están de acuerdo en que el establecer el corte de la Red puede conducir al nuevo analfabetismo del siglo XXI, por lo cual instan a “que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet porque significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización”.

La decisión del Parlamento se acompañó de una solicitud expresa para que todos los países de la Unión desarrollen medidas en contra de la ciberviolación de los derechos de propiedad intelectual. Pues según recoge el informe en su recomendación K es preciso crear una estrategia global que evite la ciberdelicuencia, desde la promoción de campañas de sensibilización